Ciudad de México, 25 de enero de 2022
- En caso de omisión del fallo del Tribunal Electoral, la autoridad responsable puede ser acreedora a sanciones aplicables por la Ley Electoral, desde un apercibimiento, amonestación, multa hasta por 200 días de salario mínimo o 36 horas de arresto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está obligada a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordena dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional de realizar la Consulta de Revocación de Mandato presidencial, afirmó el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández.
A través de un Punto de Acuerdo presentado durante la sesión de la Comisión Permanente, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el legislador recordó que por un recorte de cuatro mil 913 millones de su presupuesto para 2022, el INE no cuenta con los recursos que garanticen este ejercicio ciudadano.
“El ejercicio de Revocación de Mandato en este momento nos parece inútil e innecesario, las condiciones del país con este nuevo ataque de la pandemia y las condiciones económicas, no permiten un despilfarro de recursos de esta magnitud; sin embargo, reconocemos que existe un mandato de ley en donde el INE está obligado a llevar a cabo este ejercicio y hacer esta consulta a los ciudadanos, pero para esto debe contar con los recursos suficientes”, apuntó.
Sostuvo que no se debe dejar de lado que existe una resolución judicial del Tribunal Electoral que ordena a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente, por lo tanto, lo que procede es el cumplimiento por parte de la Secretaría a este mandato judicial al ser una sentencia firme.
Recordó que si bien el gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública presentó un “Plan de Austeridad” al INE, esta medida viola la autonomía del Instituto que lo dota de personalidad jurídica y patrimonio propio; pero sobre todo, la ley electoral lo dota de autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.
“Lo más grave es que el gobierno plantea tomar recursos del Fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores. Esto de entrada traería consigo el afectar derechos de terceros para llevar a cabo la revocación”, precisó.
El diputado del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro aclaró que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, en su artículo tercero prevé distintos medios de impugnación que integran tal sistema
“Esta ley establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno, ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales que, con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del propio ordenamiento”, abundó.
Dijo que el Artículo 32 de la LEGIPE, establece que para hacer cumplir las disposiciones de ese ordenamiento y las sentencias que dicte, así como mantener el orden y respeto debidos, el TEPJF podrá aplicar medidas de apremio y correcciones como apercibimiento, amonestación, multa hasta por 100 veces el salario mínimo diario general vigente en la ciudad de México y en caso de incidencia, hasta el doble de la cantidad señalada, así como auxiliarse con la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas.
“El gobierno no tiene un argumento sólido para justificar que no existen recursos adicionales para el INE; cuando a diario vemos el despilfarro de recursos públicos en las obras insignia, de las cuales están inconclusas, se presumen actos de corrupción y no se ve reflejado beneficio alguno para la ciudadanía”, concluyó.
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