Ciudad de México, 4 de marzo de 2024.

BOLETÍN 401

DIP. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN PRESENTA DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL EXMINISTRO ARTURO ZALDÍVAR EN LA FÍSCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

• La Diputada Federal, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, a partir de lo declarado por el presidente López Obrador en su conferencia matutina del pasado 21 de febrero, presentó denuncia penal en la Fiscalía General de la República para que se investigue al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por presuntas presiones a personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, con las que pretendió influir a favor de asuntos de interés del Ejecutivo Federal.
• La legisladora panista señaló que, contrario a las múltiples declaraciones hechas por el exministro y el presidente López Obrador, es evidente que, mientras Arturo Zaldívar se desempeñó como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, presuntamente presionó a jueces y magistrados para que resolvieran a favor en los casos, principalmente relacionados con personajes políticos y empresariales, que eran del interés de la Presidencia de la República.
• Del mismo modo, referenció las declaraciones en una entrevista de una Magistrada de Circuito que confirmó haber recibido presiones y persecución desde el Consejo de la Judicatura Federal cuando Arturo Zaldívar era su presidente, por denunciar actos de corrupción de familiares de personas cercanas del hoy exministro, por lo que solicitó se le citara a declarar en calidad de testigo.

Este lunes, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal en contra del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se desempeñó de enero de 2019 a diciembre de 2022, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y que fue mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 21 de febrero de 2024, en la que se dijo, a pregunta expresa de la reportera Jessica Zermeño, respecto al asunto relativo a Emilio Lozoya y la labor de la FGR, y el Ejecutivo Federal respondió lo siguiente:

“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte, había más recato. Nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaba de, acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas; no 72 horas, en 24 horas y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen. Pero, cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía “cuidado con esto”. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11 y ya con ese hecho, pudiera dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al ministerio público, oye, a ver, explica. Estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, de un señor homicida, no es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad. Llega la señora Piña y dice: “los jueces son autónomos”, o sea, licencia para robar, ya, que hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y complicidades como si se tratara de una mafia.”

Reportera Jessica Zermeño: “O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como los de Lozoya. Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar con (inaudible)

Presidente: “Sí, sí y en muchos otros casos. Si hubiera estado Zaldívar, difícilmente se descongelan las cuentas a la esposa de García Luna.”

Por lo anterior, el propio presidente López Obrador admitió, públicamente que, a partir de una llamada al exministro Arturo Zaldívar, este hablaba con jueces penales para influir en sus decisiones en asuntos que interesaban a la presidencia de la República.

La legisladora panista refirió que no se puede dejar pasar los hechos aceptados por el presidente López Obrador que involucran a Arturo Zaldívar, ya que se trata de un serio y peligroso precedente de quien se desempeñó como presidente del Máximo Tribunal de Justicia y su órgano disciplinario, el Consejo de la Judicatura, e influía en personas juzgadoras para que estas resolvieran por consigna, con lo que se afectó y vulneró, seriamente, la autonomía judicial y se violentó el derecho al debido proceso reconocido en la Constitución.

La diputada Pérez-Jaén apremió a que el Ministerio Público a que lleve a cabo los actos de investigación necesarios, entre ellos, citar a quienes aporten medios de prueba, para que se acredite la responsabilidad del exministro Arturo Zaldívar en presumibles actos de presión a personas juzgadoras para que estos resolvieran favorablemente en asuntos penales y, en su caso, de otras materias, que eran del interés de la presidencia de la República.

Por último, la legisladora enfatizó que, respecto a su denuncia, en esta se incluyó la solicitud a la Fiscalía General para que cite a entrevista, en calidad de testigo, a la Magistrada de Circuito Elba Sánchez Pozos, quien denunció por actos de corrupción ante el Consejo de la Judicatura Federal, en su momento presidido también por Arturo Zaldívar, a un familiar de una persona cercana al exministro que se desempeñaba como magistrada en un tribunal colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, y que en una entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, la magistrada Sánchez Pozos narró cómo en lugar de que el Consejo de la Judicatura investigara y sancionara a la persona por ella denunciada, a ella se le suspendió y fue objeto de investigación, y que no se llevaron a cabo acciones legales contra la otra magistrada denunciada, en una clara muestra de que desde el Consejo de la Judicatura, presidido por Arturo Zaldívar, se protegían actos de corrupción.

Y enfatizó señalando lo siguiente: “Espero que la Fiscalía General de la República actúe con imparcialidad y profesionalismo, y que la persona titular del Ministerio Público, a quien se turne mi denuncia, lleve a cabo la investigación conducente con la debida probidad e independencia. Instamos al Ministerio Público a realizar de manera urgente todas las investigaciones para esclarecer estos hechos, toda vez que en un sistema republicano debe prevalecer la autonomía y la independencia del Poder Judicial y dada la precariedad institucional  que se vive en el país, este tipo de atentados somete a riesgos severos la capacidad de las y los juzgadores mexicanos de realizar su trabajo con base en las razones, hechos y argumentos que consten en los expedientes y no por presiones desde el poder. De confirmarse lo anterior, podría configurarse un efecto corruptor y afectar los casos manoseados por López Obrador”.

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